Asosciación Red Flag

¿Quiénes Somos?

RED FLAG es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a diversos profesionales interesados POR EL IMPACTO DE LA DIRECTIVA EUROPEA 2019/1937 DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS QUE INFORMEN DE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN

DIRECTIVA EUROPEA 2019/1937 DE PROTECCIÓN A LAS
PERSONAS QUE INFORMEN DE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN

Esta directiva y su obligada transposición a las leyes españolas provocan importantes cambios en empresas, personas jurídicas y en entes de la administración. Cuatro son las principales implicaciones :

  1. IMPLANTACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS
  2. POSIBILIDAD DE DENUNCIA EN LA PERSONA JURÍDICA Y/O REVELACIÓN PÚBLICA.
  3. INVESTIGACIONES DERIVADAS DE LAS DENUNCIAS.
  4. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DEL ALERTADOR
  5.  

Esta nueva situación provoca cambios sustanciales.

En primer lugar, el legislador pone en manos privadas, en primer estadio, la gestión, investigación y prueba de la denuncia de delitos históricamente atribuidos a la responsabilidad de la Administración de Justicia y Seguridad del Estado. Esto provoca importantes incógnitas sobre la responsabilidad de los operadores privados. Además disocia la cuestión, provocando potenciales colisiones, o necesidad de colaboración, con órganos de investigación policial, judicial y/o administrativa.

En segundo lugar, la directiva alude a la protección del informador por parte de la persona jurídica, desdoblada en su poder, por un lado, entre su administración y dirección ejecutiva propia, y por otro lado, por un órgano de vigilancia y control autónomo e imparcial, quien debe prevenir, investigar y posteriormente proteger al informador. Estos dos poderes se encuentran en evidente conflicto, lo que provoca una fragilidad importante al órgano de
vigilancia y control, que se encuentra en una funambulista figura entre el interés privado y el interés público. Esta fragilidad puede afectar en efecto dominó al informante.

En tercer lugar, la directiva alude a la revelación pública de la denuncia, atribuida a órganos de autoridades públicas y a los medios de comunicación, con explícita mención a los periodistas de investigación. El espíritu que se observa en los considerandos de la directiva es que la protección del informante puede ser de colaboración mutua entre los periodistas, los órganos de cumplimiento normativo de la persona jurídica sobre cuyo seno se realiza la denuncia, y las autoridades judiciales y policiales implicadas. 

En cuarto lugar emerge la necesidad de reflexión entre profesionales de diferentes ámbitos sobre una respuesta jurídica que hilvane toda la normativa vigente aplicable al respecto, tanto a nivel nacional (vid. Ley de Seguridad Privada, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal, Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley Orgánica de Protección a Testigos y Peritos en causas criminales, etc.) como a nivel internacional (la citada directiva, Reglamento Europeo de Protección de Datos, etc.), constituyéndose esto en un objetivo o interés común para todos ellos.


En quinto lugar, la directiva crea nuevos roles profesionales y nuevas fórmulas de colaboración público – privadas, además de elevar la exigencia de la seguridad de informadores, investigadores, operadores jurídicos, periodistas y demás partes implicadas.


Red Flag da la bienvenida, sin excepción, a todos los profesionales que estén interesados en participar en este campo de trabajo, con el objetivo de contribuir positivamente en el bien común de la sociedad, en el cumplimiento de las leyes, en la protección de trabajadores y ciudadanos, en la lucha contra la corrupción, y en el progreso del Estado Democrático de Derecho